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...ancionando económicamente a aquellos funcionarios que causen baja
I.T. por contingencias comunes.
A la vista de las Instrucciones evacuadas por el Interventor General de la
Comunidad Autónoma de Canarias el pasado día 5 de octubre de 2009 acerca de
las verificaciones que, en el desarrollo del control financiero permanente,
se realicen sobre las retribuciones del personal funcionario en situación
de Incapacidad Temporal, el CSI*F no puede más que decir: ¡¡¡BASTA YA!!!
En las mismas el Interventor General da las órdenes precisas no sólo para
minorar las retribuciones del funcionario que se encuentre de baja en I.T.
a partir del 4º día sino que ordena que con carácter retroactivo se incoen
expedientes de reintegro por esos supuestos pagos indebidos con efectos
retroactivos al 1 de enero de 2009.
Tal situación se basa en una interpretación aislada, torticera y no
ajustada a derecho que aplican únicamente a los funcionarios de
Administración General de la Comunidad Autónoma; no a los laborales, ni a
los sanitarios, docentes o justicia.
Dicha Instrucción se adopta a espaldas de los Sindicatos y de los
funcionarios públicos no habiendo sido negociada la referida medida
restrictiva. Asimismo, entiende este Sindicato que con la presente
actuación se TRAICIÓNA por parte de la propia Administración de la
Comunidad Autónoma a sus empleados públicos funcionarios a quienes ataca a
sus bolsillos creando un cisma irreconciliable.
A mayor abundamiento, interesa saber si éstas son las famosas medidas de
modernización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias o por el contrario de contención del gasto público que tanto ha
anunciado este Gobierno obviando, claro está, los estipendios que por
Sentencias y determinadas adjudicaciones nos tiene acostumbrados sus
gestores. A tal fin nos preguntamos, ¿es que el supuesto ahorro que
pretende con esta medida es superior al importe del costo en dos años del
Servicio de la Huella Dactilar por importe superior a TRES MILLONES DE
EUROS? Se les recuerda que el colectivo de funcionarios destinatario de
dicha instrucción es el menor de entre los que se exonera su aplicación
(laborales, sanitarios, educación y justicia) siendo finalmente el que
eligen para que financiemos la gestión por sus quehaceres de sobra
conocidos.
Finalmente, los servicios jurídicos del Sindicato CSI*F a la vista de la
instrucción a la que hemos tenido acceso, critican la misma arguyendo entre
otros motivos la forma jurídica adoptada así como el desconocimiento y la
omisión intencionada de la normativa legal de aplicación en virtud de las
competencias básicas y de mínimos establecidas en el artículo 149.1.17
y .18 de la CE, siéndonos finalmente de aplicación el artículo 21 del Texto
Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del
Estado aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio
(B.O.E. núm. 154, de 28 de junio) según la redacción dada por la
Disposición Final 7ª de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2009 (B.O.E. núm. 309, de 24 de diciembre).
Llegados a este punto, a la vista del cisma creado por la actuación poco
profesional de la Intervención General nos preguntamos quién ordena esa
consulta así como exigimos que por el máximo responsable de la Función
Pública Canaria por un lado se posicione públicamente de una vez por todas
y señale cuál es el modelo que pretende instaurar así como por otro lado,
dicte las órdenes precisas para que la referida Instrucción de la
Intervención General que entendemos nula de pleno derecho, en todo caso
anulable, se expulse radicalmente del Ordenamiento Jurídico adoptando las
medidas necesarias a tal fin, incluso las disciplinarias si hubieren lugar.
I.T. por contingencias comunes.
A la vista de las Instrucciones evacuadas por el Interventor General de la
Comunidad Autónoma de Canarias el pasado día 5 de octubre de 2009 acerca de
las verificaciones que, en el desarrollo del control financiero permanente,
se realicen sobre las retribuciones del personal funcionario en situación
de Incapacidad Temporal, el CSI*F no puede más que decir: ¡¡¡BASTA YA!!!
En las mismas el Interventor General da las órdenes precisas no sólo para
minorar las retribuciones del funcionario que se encuentre de baja en I.T.
a partir del 4º día sino que ordena que con carácter retroactivo se incoen
expedientes de reintegro por esos supuestos pagos indebidos con efectos
retroactivos al 1 de enero de 2009.
Tal situación se basa en una interpretación aislada, torticera y no
ajustada a derecho que aplican únicamente a los funcionarios de
Administración General de la Comunidad Autónoma; no a los laborales, ni a
los sanitarios, docentes o justicia.
Dicha Instrucción se adopta a espaldas de los Sindicatos y de los
funcionarios públicos no habiendo sido negociada la referida medida
restrictiva. Asimismo, entiende este Sindicato que con la presente
actuación se TRAICIÓNA por parte de la propia Administración de la
Comunidad Autónoma a sus empleados públicos funcionarios a quienes ataca a
sus bolsillos creando un cisma irreconciliable.
A mayor abundamiento, interesa saber si éstas son las famosas medidas de
modernización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias o por el contrario de contención del gasto público que tanto ha
anunciado este Gobierno obviando, claro está, los estipendios que por
Sentencias y determinadas adjudicaciones nos tiene acostumbrados sus
gestores. A tal fin nos preguntamos, ¿es que el supuesto ahorro que
pretende con esta medida es superior al importe del costo en dos años del
Servicio de la Huella Dactilar por importe superior a TRES MILLONES DE
EUROS? Se les recuerda que el colectivo de funcionarios destinatario de
dicha instrucción es el menor de entre los que se exonera su aplicación
(laborales, sanitarios, educación y justicia) siendo finalmente el que
eligen para que financiemos la gestión por sus quehaceres de sobra
conocidos.
Finalmente, los servicios jurídicos del Sindicato CSI*F a la vista de la
instrucción a la que hemos tenido acceso, critican la misma arguyendo entre
otros motivos la forma jurídica adoptada así como el desconocimiento y la
omisión intencionada de la normativa legal de aplicación en virtud de las
competencias básicas y de mínimos establecidas en el artículo 149.1.17
y .18 de la CE, siéndonos finalmente de aplicación el artículo 21 del Texto
Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del
Estado aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio
(B.O.E. núm. 154, de 28 de junio) según la redacción dada por la
Disposición Final 7ª de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2009 (B.O.E. núm. 309, de 24 de diciembre).
Llegados a este punto, a la vista del cisma creado por la actuación poco
profesional de la Intervención General nos preguntamos quién ordena esa
consulta así como exigimos que por el máximo responsable de la Función
Pública Canaria por un lado se posicione públicamente de una vez por todas
y señale cuál es el modelo que pretende instaurar así como por otro lado,
dicte las órdenes precisas para que la referida Instrucción de la
Intervención General que entendemos nula de pleno derecho, en todo caso
anulable, se expulse radicalmente del Ordenamiento Jurídico adoptando las
medidas necesarias a tal fin, incluso las disciplinarias si hubieren lugar.
